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Vicenç Navarro – Sistema Digital.
"Las encuestas señalan que el Partido Popular ganará las elecciones este próximo domingo. Y ello parece deberse en parte al desapego de las bases electorales del partido gobernante, el PSOE, y también a una transferencia de votos de estas bases al partido de la oposición, el Partido Popular, sobre todo por parte de votantes de la clase trabajadora que cree, erróneamente, que el PP será más sensible a sus necesidades de lo que ha sido el gobierno Zapatero en su segundo mandato (2008-2011).
Predije hace ya más de año y medio que el Partido Popular, consciente del rechazo que las políticas del gobierno Zapatero estaba generando entre sectores de la clase trabajadora, se presentaría como su más acérrimo defensor, autodenominándose, incluso, el “Partido de los Trabajadores”. Es interesante contrastar, por ejemplo, la narrativa utilizada en el discurso político del PP con la que ha caracterizado al gobierno socialista. Éste último ha continuado enfatizando el término clases medias, y raramente ha utilizado el término clase trabajadora, término y concepto que está en desuso en la retórica socialista, y ello a pesar de que en las pocas ocasiones que a la ciudadanía española se le ha preguntado a qué clase pertenecen, como en la encuesta metropolitana de Barcelona, hay más ciudadanos que se definen clase trabajadora que clase media.
Paradójicamente ha sido el PP el que ha utilizado más este término. Y la campaña diseñada por el Partido Popular ha intentado criticar al PSOE desde la izquierda, defendiendo a los trabajadores. Vimos, por ejemplo, como Rajoy le echó en cara a Rubalcaba, en uno de los puntos más llamativos del debate que tuvieron, que España había llegado a ser el país con más desigualdades de la UE (ocultando que no es un hecho nuevo, sino que ha sido una constante, acentuada sobre todo por las políticas fiscales regresivas aprobadas por el gobierno Aznar, y continuadas por el gobierno Zapatero).
También atacó Rajoy a Rubalcaba por la destrucción de empleo durante su mandato 2004-2010, ocultando que este periodo también vio una gran creación de empleo, aún cuando gran parte de este empleo –como también lo fue en el periodo 1996-2004- fue de escaso valor añadido y poca densidad salarial. En realidad, en la época 1996-2004, la masa salarial descendió, resultado de que las rentas del trabajo, como porcentaje de las rentas totales del país, bajaron espectacularmente. Pasaron de representar el 66% de la renta nacional al 61%, el mayor descenso (después de Alemania) de las rentas del trabajo de cualquier país de la UE-15. Las políticas del PP favorecieron a las rentas del capital más que a las rentas del trabajo. Los beneficios empresariales aumentaron sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15, que fue un 33%), mientras que los costes saláriales aumentaron un 3,7% durante el mismo periodo (tres veces menos que en la UE-15, un 18%).
La justificación para tales medidas era la necesidad de crear empleo. Pero el empleo creado fue de baja calidad, y ello como consecuencia de que la burbuja inmobiliaria, basada en la especulación favorecida por la desregulación del suelo y también la escasa supervisión del Banco de España (cuyo gobernador fue nombrado por el gobierno Aznar), que desvió recursos al sector de la construcción a costa de otros sectores de mayor valor añadido y con mayores salarios. El hecho de que el gobierno Zapatero no cambiara esta dinámica (hasta que fue muy tarde), y que también nombrara a un gobernador del Banco de España excesivamente sensible a la banca y poco al usuario de ella (como también había ocurrido durante el periodo Aznar) no tiene que hacernos olvidar que las mayores decisiones que llevaron al gran problema de especulación del capital financiero e inmobiliario ocurrieron durante el gobierno Aznar.
Rajoy también criticó a Rubalcaba por la congelación de las pensiones, medida regresiva del gobierno Zapatero. Pero aquí, de nuevo, no hay que olvidar que las pensiones crecieron menos durante la época Aznar que durante la época Zapatero, aún cuando tanto el PSOE como el PP aprobaron bajadas de impuestos a los sectores pudientes de la sociedad (que derivan en gran parte en sus rentas del capital) que, de no hacerse, hubieran evitado la supuesta necesidad de congelar las pensiones y hacer los recortes de gasto público, incluyendo el social. Durante el periodo 1996-2004, la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el resto de la UE-15 aumentó enormemente, pasando de 1.904 euros (estandarizados por su capacidad de compra) a 2.234, el mayor déficit que cualquier país tuviera con el promedio de la UE-15. Un tanto semejante ocurrió en las pensiones. Una consecuencia de ello es que la pobreza entre los ancianos subió de un 14% a un 30% (Eurostat 2010), en el periodo 1996-2004.
En realidad, gran parte de la gran reducción del déficit del Estado se consiguió a base de transferir fondos de las áreas sociales, tal como está ocurriendo ahora. De ahí que cuando el Sr. Aznar fue sacando pecho por Europa, diciendo que España era un caso ejemplar de reducción del déficit, se le indicó, por parte de más de un dirigente europeo, que ello lo había conseguido a costa de empobrecer las transferencias (pensiones) y servicios públicos del Estado del Bienestar, como sanidad y educación. El supuesto gigante económico tenía pies de barro sociales.
La reducción del déficit podría haberse hecho a base de aumentar los impuestos y corregir el enorme fraude fiscal, el mayor de la UE-15. El presidente Aznar era consciente de ello, pues admitió en una conferencia de prensa que “los ricos no pagaban impuestos”. Pero disminuyó el número de inspectores de Hacienda, manteniendo a España a la cola de la Europa Social y de la Europa Fiscal. La eficacia fiscal fue muy reducida debido en gran parte al descenso del número de inspectores de Hacienda (el número más bajo de la UE-15) y a las prioridades de la Agencia Tributaria, centrándose en el fraude fiscal de los autónomos y profesionales que representan sólo el 8% de todo el fraude, sin meterse con el fraude fiscal de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de la banca, que representan el 72% de tal fraude.
Su comportamiento en los gobiernos autónomos donde gobierna muestra con toda claridad lo que el PP hará si gobierna en España. La reducción del gasto público social, la privatización de los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación y servicios domiciliarios a las personas con dependencia, entre otros) y el apoyo de medidas de debilitamiento de la protección social, han sido características de sus políticas públicas en las CCAA gobernadas por el PP, y muy en especial en Madrid y Valencia.
De toda esta experiencia puede fácilmente concluirse que en caso de que gane el PP a nivel del gobierno central, no hay duda de que anunciará que el déficit del Estado es mucho mayor de lo que se esperaba, aduciendo entonces que no tienen ninguna otra alternativa que modificar sus promesas de no recortar el gasto público en sanidad, educación y otros sectores públicos, facilitando su privatización. Esto es lo que han estado haciendo sus homólogos en Gran Bretaña (el gobierno de David Cameron) o en Catalunya (el gobierno de Artur Mas) entre otros.
Todos estos datos y experiencias muestran el cinismo (no hay otra manera de definirlo) del supuesto “Partido de los Trabajadores”. La responsabilidad histórica del gobierno Zapatero es que sus políticas económicas, laborales y fiscales, han facilitado el desarrollo de estas políticas del Partido Popular. No es cierto que no haya habido diferencia entre las políticas públicas del PSOE y las del PP. Sí las hubo claramente en el periodo 2004-2008 cuando el gobierno PSOE se alió informalmente con los partidos a su izquierda (IU, ICV-EA, ERC y BNG). Pero las diferencias con el PP se atenuaron marcadamente en el periodo 2008-2011, cuando se alió con las derechas nacionalistas en las áreas económicas, fiscales y laborales, alianzas preferidas por los equipos económicos del gobierno Zapatero, cuyas políticas neoliberales han sido responsables del enorme bajón electoral del PSOE. No hay duda de que las políticas públicas del PP serán más neoliberales que las del PSOE. Su proximidad con la banca y la gran patronal será más estrecha de lo que lo ha sido con el gobierno PSOE.
Se requerirá una autocrítica muy acentuada del socialismo español, en el cual ha sorprendido la ausencia de voces críticas hacia unas políticas tan obviamente contrarias al proyecto socialista. Esta homogeneización del pensamiento en el colectivo socialista dificultará la necesaria renovación del PSOE (y del PSC). Ni que decir tiene que en la etapa post 20-N habrá intentos de silenciar la oposición interna, como ocurrió con la campaña de Josep Borrell tras la debacle de la candidatura Almunia, nombrada por Felipe González. Pero, a no ser que haya un cambio muy sustancial del pensamiento económico, fiscal, social y político del PSOE, su relevancia disminuirá considerablemente. En esta renovación del PSOE será necesario que las escasas voces críticas se expandan, a lo cual puede ayudar si los partidos a su izquierda crecen considerablemente con suficiente fuerza para hacerse valer en las Cortes y en la sociedad. Es fundamental que ello ocurra para evitar el descalabro de todas las izquierdas.
Una última observación referente al 15-M, el movimiento de rebeldía que está canalizando en parte el gran movimiento de indignación que existe en el país. Sería aconsejable que personas de este movimiento no se abstuvieran el día de las elecciones, sino que complementaran su espléndida campaña de movilización y agitación con medidas de presión a las instituciones, incluidas las representativas, por muy limitadas que éstas sean. Y una medida de presión es tener voz en las cámaras legislativas, no creando un nuevo partido, sino apoyando a los partidos de izquierda que han expresado apoyo y sensibilidad hacia las causas que sostienen tal movimiento. Los próximos años serán duros y el país necesitará, como se necesitó durante la transición inmodélica de la dictadura a la democracia insuficiente que tenemos, una presión popular en todos los frentes, desde la calle (hay que recordar que Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle) hasta las salas de las instituciones representativas.
Si las encuestas del comportamiento electoral son ciertas, parece que el Partido Popular ganará por mayoría absoluta, que se presentará en los mayores medios de difusión del país como un corrimiento a la derecha del pueblo español. La evidencia, sin embargo, no muestra tal corrimiento. En realidad, todas las encuestas de opinión popular muestran que la mayoría de la población española sostiene posturas que son más cercanas a las políticas progresistas que a las conservadoras y/o liberales, tales como favorecer políticas redistributivas, expandir el Estado del Bienestar (tanto las pensiones como los servicios públicos), eliminar el fraude fiscal, aumentar los impuestos de la banca y de la grandes empresas, facilitar que el Estado cree puestos de trabajo directamente, y así una larga lista de medidas opuestas a las que se están haciendo, y que se expandirán todavía más.
Esta diferencia entre lo que la población desea de su gobierno y parlamento y lo que obtiene y obtendrá, es causa del enorme descrédito de las instituciones políticas que, sin lugar a dudas, aumentará. La distancia entre gobernantes y gobernados incrementará a niveles preocupantes para todas las personas con sensibilidad democrática que han luchado para poder alcanzar el nivel de democracia que la mayoría de la población desea y se merece. Se abre una nueva página en la historia de nuestra democracia, que me temo será de retrocesos económicos, sociales y políticos. Me encantaría estar equivocado, pero el record del supuesto “Partido de los Trabajadores” no deja mucho espacio para otras conclusiones. Veremos."
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